23 Ene 2015

Los intereses y sus conflictos

“Los Estados no tienen intereses. Las personas sí”, afirma el reconocido politólogo Bruce Bueno de Mesquita. Y añade: “puede que los políticos tengan presente el interés nacional, pero su bienestar político particular es lo primero”. Y sí: ésa es la historia política del mundo: hombres (y mujeres) que movidos, ya sea por un ideal o por ambición a secas, quieren conquistar el poder; y cuando lo conquistan quieren conservarlo, y para conservarlo y ejercerlo aprenden, siempre, la regla de oro del poder: no hay nadie que pueda gobernar solo. Ni siquiera aquellos a los cuales arropaba el “mandato divino” o la “legitimidad de la sangre real”; incluso ellos se veían forzados a buscar alianzas, a construir coaliciones y a garantizarse lealtades para poder gobernar. Los factores reales de poder han existido y existirán —desde  y  para— siempre. Los intereses de todos los miembros, no sólo de las élites sino también de la sociedad en su conjunto son, prácticamente, inherentes a nuestra naturaleza. Ejercer el poder, en realidad, significa identificar, operar y poner en sintonía (tanto como sea posible) los intereses de colectividades que, muchas veces, se encuentran en conflicto (sus intereses, no necesariamente las colectividades). Y ese ejercicio implica, en la mayoría de las casos, garantizar que el pastel se reparta de la manera más “efectiva” posible, para garantizar que tu winning coalition (coalición ganadora), es decir todos aquellos con quienes gobiernas —porque “nadie gobierna solo”— queden lo más satisfechos que se pueda. Así, Bueno de Mesquita, uno de los más lúcidos y crudos lectores de la realpolitik, asegura que un poco o un mucho de corrupción es casi inevitable, incluso en las democracias modernas, como aceite para que camine la maquinaria política con la que necesitas gobernar.

Pero justamente me gusta el “casi”. Y aquí es donde me quiero detener en el caso particular de México y el famoso tema sobre el llamado “conflicto de intereses” que ha estado tan en boca (y en pluma) de todos a últimas fechas.

Detrás de sus diferencias ideológicas, en México (como en tantos otros países) todos los políticos de todos los partidos se conocen entre sí —muchos de años atrás, muchos compartiendo partido y luego ya no, varios hasta compadres son—; lo mismo se van a comer “de cuates” que se invitan a sus fiestas de cumpleaños. Y exactamente lo mismo sucede con la élite empresarial y, por supuesto, entre ambos grupos: los políticos y los empresarios. Las probabilidades de que un gobernante conozca, y probablemente de tiempo atrás, a potenciales proveedores de bienes o servicios son altísimas. Matemáticamente altísimas. ¿Qué hacer para garantizar que las licitaciones de obra pública o la contratación de servicios no caigan en los terrenos de la potencial sospecha? Las palabras clave son dos: transparencia y competencia.

Si “conocer” a alguien previamente se traduce equivocadamente en “conflicto de interés” ya estuvo que ningún secretario de Estado (de ésta o anteriores administraciones) a nivel federal, y ningún gobernador, es más: posiblemente ningún alcalde pudiera salir bien librado si echamos un ojo a sus proveedores.

Que se reforme la ley, de manera que todas las licitaciones, sin excepción, sean públicas y transparentes, además de sometidas a concurso. Con estas condiciones de por medio, será aquel —o aquellos proveedores— que ofrezcan mejores condiciones en precio y mayores ventajas de contratación los que realicen las obras públicas y/o den algún servicio determinado. ¡Que compitan! Que no se vuelva a entregar ningún contrato por adjudicación directa (a menos que se trate de áreas de alta especialización como energía nuclear o astrofísica o algo por el estilo). Si por alguna razón, resulta que el mejor postor no sólo es tu conocido sino, hasta en una de esas, tu compadre, pero aun así resulta que, en estricto apego a derecho, gana la licitación porque su oferta resultó a todas luces mejor que la del resto de los postores, la ejecución de la licitación tendría que pasar a una instancia que nada tenga que ver contigo y tu gobierno. Tal vez se tenga que crear un instituto autónomo, compuesto por notables académicos en la materia, para que certifique la legalidad, la transparencia y la eficiencia de todas las licitaciones públicas. Que la sospecha sobre el llamado “conflicto de interés” no detenga la competencia eficaz, pero tampoco ensombrezca tu actuación gubernamental ni acote tus márgenes de maniobra. De esta forma, los intereses y sus inherentes conflictos así como el denominado “conflicto de interés”, no terminarán por dinamitar aquello para lo que fuiste democráticamente electo: para gobernar y cumplir tus compromisos de campaña, entre los que la obra pública siempre es prioridad para el crecimiento. Y que todos, absolutamente todos, los niveles de gobierno se comprometieran a respetar esa ley y a transparentar todos sus movimientos. Y cuando escribo para todos, es justamente para todos.

Etiquetas: Contrataciones, Públicas, Conflictos, Intereses





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