13 Ago 2012

Conclusiones sobre el Arbitraje en los Contratos de Interés Público Nacional

A continuación ponemos a su disposición las conclusiones de una extenso trabajo realizado por  Nicolás Badell Benítez Miembro del Despacho Badell & Grau Especialista en Derecho Administrativo, relacionado con el Arbitraje en los Contratos de Interés Público Nacional. Tema necesario en el ambiente de las contrataciones públicas en Venezuela.

Conclusiones

 1. Venezuela, si bien cuenta con una legislación positiva que regula el ámbito de  la contratación administrativa (Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010), ésta no puede entenderse como el régimen general, único y completo regulatorio de las contrataciones de interés público, pues no regula en lo absoluto la posibilidad de someter a la figura del arbitraje este los conflictos derivados de este tipo de contratación. En efecto, lo cierto es que Venezuela  carece de una regulación general del arbitraje como medio de solución de los conflictos derivados de contratos de la Administración, sino que éste es admitido en normas dispersas, incluidas algunas que regulan contratos y la materia administrativa.
 
2. La Constitución de 1999 promueve el arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos como principio general.
 
3. El arbitraje es un medio válido y legal de solución de conflictos surgidos en los contratos administrativos, ya que la legislación aplicable específicamente a las concesiones –típicos contratos administrativos- podrá ser aplicada, como principio general, a los demás contratos administrativos.
 
5. La inmunidad de jurisdicción se contempla de manera relativa para los contratos de interés público (nacionales, estadales o municipales), siempre que ello no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza del contrato.
 
6. Los Contratos de Interés Público Nacionales, Estadales o Municipales¸ a los cuales se refiere la inmunidad de jurisdicción constitucional, han sido delimitados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, como aquellos que (i) hayan sido suscritos por una entidad territorial (República, Estados o Municipios) o excepcionalmente una empresa del Estado; (ii) que tengan para la Nación o para la entidad territorial involucrada un impacto económico y social tal que deben ser aprobados por Poder Legislativo y (iii) que sean determinantes o esenciales para la realización de los fines y cometidos del Estado venezolano y por ende, tengan por finalidad satisfacer de manera directa los intereses de la comunidad nacional, estadal o municipal.
 
7. De conformidad con el criterio expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 1541, dictada en fecha 17 de octubre de 2008, para los contratos administrativos de tipo interés público, se admite la posibilidad de acudir al arbitraje para la solución de los conflictos derivados de los mismos, siempre que no se discutan propiamente aspectos relativos a las atribuciones o potestades de imperio de la Administración; ni se viole el principio de legalidad ni la reserva legal.

8. El comportamiento del Estado venezolano,  pareciera ser selectivo en cuanto a la utilización del arbitraje en contratos de interés público nacional, aceptando tal posibilidad en convenios bilaterales suscritos con otros Estados; y de otra parte, manteniendo una interpretación restrictiva del artículo 151 de la Constitución, en cuanto al arbitraje institucional ante organismos internacionales.

Clave: Contratos, Arbitratje





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